Con 71 votos a favor y ninguno en contra, los senadores sancionaron la nueva ley de discapacidad que dejará atrás la emergencia en el área y mantendrá la pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.
Por otro lado, también se ratificó pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a dicho beneficio; a la vez que se garantizará que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan el acceso a un mecanismo de salud con las prestaciones básicas del Programa Incluir Salud.
Otra de las leyes aprobadas en el Senado fue la ley de Propiedad Privada que reincorpora la norma de 2011 que había impuesto el kirchnerismo, con 15% de tope de venta de tierras a extranjeros y 30% por nacionalidad, más 1.000 hectáreas máximo en zona núcleo.
En cuanto a expropiaciones, exige una interpretación restrictiva de la “utilidad pública” por parte del Estado, obligando a fundamentar el fin de la medida y se fijaron criterios indemnizatorios, incluyendo un tope del 30% por lucro cesante. Asimismo, la medida también establece procedimientos más rápidos y ágiles para los desalojos, permitiéndole al juez ordenar la entrega inmediata de inmuebles usurpados o en tenencia precaria.
Por último y con 47 votos afirmativos y 22 negativos se aprobó la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que es uno de los requisitos del entendimiento comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos, como así también en el convenio entre el Mercosur y la Unión Europea.
De acuerdo con lo señalado en el recinto, el PCT que es una “herramienta que simplificará los trámites internacionales”, permitirá iniciar el proceso de protección de una invención en decenas de países miembros mediante una única solicitud internacional, ampliando de 13 a 30 meses el plazo para definir en qué mercados continuar el trámite.
Por su parte, la adhesión incluye la reserva del Capítulo II (incorporada tras el paso por Diputados), lo que deja afuera el examen preliminar internacional de patentabilidad; a la vez que se confirmó que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) conservará la facultad exclusiva de evaluar y resolver las solicitudes en el país.