La denuncia, que fue efectuada ante la Cámara Federal de San Isidro y realizada por el presidente de la “Fundación por la Paz y el Cambio Climático”, Fernando Míguez; apunta al convenio de asistencia técnica firmado entre el municipio y la UNSAM y sostiene que Lanús incurrió en fraude, malversación, cohecho, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito.
En base a la presentación judicial, a través del acuerdo que fue reforzado en 2022, se habrían contratado a unos 550 monotributistas con sueldos que alcanzaban los 8 millones de pesos, sin que exista información verídica sobre la labor que realizaban.
Asimismo, señala que la UNSAM recibía transferencias mensuales del municipio -hasta junio de 2025, el monto de estas operaciones superaba los 12.570 millones de pesos-, con una comisión retenida, para luego derivar los pagos a supuestos empleados.
Es preciso señalar que, entre las medidas solicitadas por los investigados se encuentran allanamientos tanto en la Municipalidad de San Isidro y en la UNSAM; el secuestro de documentación contable, contratos y transferencias bancarias; como así también la liberación del secreto bancario de los imputados y de cada una de las instituciones involucradas.