Llama mucho la atención, que un Gobierno Nacional este pensando en desregular algo que ya está desregulado desde siempre. Y que encima no le cuesta ni un solo centavo al Estado. Ya que dicho Ministerio de "Desregulación y Transformación del Estado" del Gobierno debería estar concentrado en todo aquello que sí le signifique suculentos gastos. Porque toda desregulación es buena, si ayuda a descomprimir la carga y para ello sí es positivo abrir el grifo y transportarlo. Pero en el mundo inmobiliario, como vos podés comprar, vender o alquilar sin tener que pasar por una inmobiliaria, y eso debería ser suficiente si el sentido común, que no siempre es el más común de los sentidos, primase en esta cuestión.
Por eso, cuando se trata de disminuir a una profesión y tildarla con un simple criterio mercantilista o comercial, está claro que todo esto tiene un trasfondo mucho más profundo que el que aflora a simple vista. Los Colegios inmobiliarios, con sus defectos y virtudes, han sido verdaderos articuladores sociales. Para converger a los profesionales y moverse en bloque ante los embates de la ilegalidad y de la propia política, al ser quienes regentean la fiscalización para detectar a estafadores. Y si el Gobierno persiste en el error, aumentarán la cantidad de estafas y estafadores y las verdaderas víctimas pasarán a ser los consumidores finales. Quienes no tendrán una institución que los defienda y recalarán en la Justicia ordinaria aumentando los gastos y dilatando los tiempos de espera tratándose de una cuestión de techo.
Está más que claro que el lobby de las franquicias ha ejercido una importante presión sobre funcionarios. Con el objetivo de desregular aún más al sector para que las reglas de juego desaparezcan. Y en ese entramado de confusión generalizada se puedan concretar una mayor cantidad de operaciones bajo el lema del “vale todo”. Sin mayores controles de todo el espectro legal, es tierra fértil, entre otras, para que el narcotráfico ingrese de una como inversor inmobiliario más que antes.
Quizás, el interés de algunos pase por ahí. Así como el narcotráfico tiene su razón de ser gracias a sus conexiones políticas, en la Justicia y de fuerzas de seguridad, también ve como una pata de su mesa las inversiones inmobiliarias y el mundo gastronómico. Y que mejor, si sabe que, en determinado país, los controles se flexibilizan de tal manera dado que la propia política lo pone en agenda. Y permite a cielo abierto, la no revisión debida del origen de los fondos. Ya que el Gobierno no fiscalizará. No reemplazará la tarea diaria de un Corredor Inmobiliario y menos la de un Colegio Inmobiliario.
Por eso hasta un narco podría transformarse en nuevo desarrollador inmobiliario y mostrarse como un señor en la apariencia social. La avidez de algunos es la muerte de otros. La corrupción mata. La impunidad mata. Pues la naturalización de lo anormal también. Ya que en pos de una supuesta libertad basada solamente en la obsesión de los papelitos de colores, trae aparejado diferentes riesgos que solo hacen retroceder más que avanzar a una sociedad en su conjunto. Es cuando la libertad se termina trasformando en libertinaje. No saberlo diferenciar, es empujar al abismo a una actividad y a un sector, solo para que se beneficien unos pocos vivos en detrimento de todos. Se formen monopolios. Ejerzan el poder de hasta determinar el valor de las propiedades, el día de mañana. Y se entierre a miles de profesionales que se vieron invadidos por la ambición de ciertos desquiciados. ¡El límite es Dios!
La desregulación mal equilibrada puede exacerbar problemas como el uso de activos virtuales y fideicomisos anónimos para la compra de propiedades de lujo y acarrear efectos en la economía real: cuando el narcotráfico invierte masivamente en inmuebles bajo un régimen laxo, suele hacerlo pagando sobreprecios, lo que distorsiona el mercado y puede dificultar el acceso a la vivienda para la población legítima. Para las personas de bien en la que tendría que estar pensando y favoreciendo el presidente Milei y Sturzenegger. Aunque algunos sectores defienden que la desregulación reduce costos de transacción. El daño social es mayúsculo. Sin requisitos sólidos de acreditación de origen de fondos, el país puede transformarse en un destino complaciente para organizaciones del crimen organizado internacional.
Por Sergio Solon (director de Expreso News)