

Marisa Graham, actual defensora de Niños y Adolescentes, se autoprorrogó el mandato que tenía como fecha de expiro el 1 de marzo y a partir de ahora quedará en manos del Gobierno la confirmación o no a esta decisión.
Sin embargo, resulta trascendental explicar que previo a este accionar de la funcionaria, la potestad era únicamente del Poder Legislativo; puntualmente, de una bicameral que jamás se llevó adelante.
¿Cuál fue la respuesta desde la Defensoría? Se reflotó el artículo 7 bis, en el que se detalla que “en caso de no encontrarse dispuesta la reelección o designación del sucesor del/la defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes al vencimiento de su mandato, así como la del/la defensor/a adjunto/a, en su caso, estos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se efectúe la renovación de los mismos, de corresponder, o se designe a sus sucesores”.