Juicio a los miembros de la Corte: rechazan los cargos en su contra y declararon que la intención era apartarlos por el contenido de sus sentencias

En dos declaraciones por separado, los magistrados dejaron bien en claro su postura en cuanto a las acusaciones que presentó el bloque oficialista. En ese sentido, el primero en declarar fue Rosatti, quien planteó todas las “irregularidades” que se cometieron a lo largo del proceso.

A su vez, el presidente de la Corte Suprema fue contundente en cuanto a su parecer: “Se pone a los jueces del Tribunal frente a la disyuntiva de indefensión en este juicio político o tener que desprenderse del conocimiento de causas institucionales en trámite”. Por último, Rosatti afirmó que muchos de los cargos realizados por la Comisión “carecen de las precisiones mínimas” como para saber cuáles son los hechos que se imputan y los fundamentos de los mismos.

Por su parte, Rosenkrantz realizó un descargo de 67 páginas en el que subrayó: “Este procedimiento apunta a condicionar o a remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria. Esto pone en cuestión la independencia de todos los jueces de la República y constituye un ataque frontal a la separación de poderes”.

Asimismo, se refirió a la realización del juicio político y fue claro en su pensamiento: “La única explicación plausible de la existencia de este juicio político es la disconformidad con algunas sentencias adoptadas por el Tribunal que integro o con mis votos en solitario. Y aunque no lo expresen de esa forma, es evidente que tanto los denunciantes como los diputados que han votado la formulación de los cargos pretenden en forma velada una revisión del juicio realizado en cada una de las causas judiciales en las que fueron dictadas las resoluciones objetadas —algunas de las cuales se encuentran actualmente en trámite-—, y una demonización de mis votos”.

Vale destacar que el juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema fue anunciado por Alberto Fernández el pasado 1 de enero, luego de que los mismos emitieran una medida cautelar a favor del Gobierno de la Ciudad en la causa por la coparticipación.