

La denuncia contra Fernández, Tombolini y Massa, que Elisa Carrió hizo en conjunto con los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, asegura que se está poniendo en marcha “una organización paraestatal” impulsada por “funcionarios denunciados para hacer efectiva -del modo que sea y cómo sea- la medida de control de precios”.
La presentación expone que las “autoridades denunciadas” han arrasado con “los límites de sus competencias funcionales y avanzando sobre un ‘acuerdo’ cuyo objetivo no es otro que la sustitución de esos mecanismos legales”. A su vez, se agregó: “Dejan (las autoridades nacionales) todo en manos de grupos caracterizados por su apego al delito, como modo de hacer ejecutar sus propósitos, con explícito aval oficial. Es así como han acordado con Pablo y Hugo Moyano, para que Oscar Borda, jefe de la rama de logística de ese gremio, encabezara el ‘operativo control’, que lleva adelante desde hace días, con otros integrantes de ese gremio. Este ‘acuerdo’ para hacer de soporte a inspectores de esa Secretaría, comporta la estructuración de un verdadero grupo paraestatal de intimidación y eventual choque”.
Por esta razón es que la demanda hecha por la líder de la Coalición Cívica reclama que se dicte una medida cautelar “para asegurar que los objetivos determinados por el Estado Nacional, a través de la implementación del sistema ‘Precios Justos’, puesto en ejecución por la Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, con la participación voluntaria de empresas productoras de bienes de consumo masivo y las comercializadoras de los mismo”, se cumplan.