

Este viernes, Martín Soria confirmó que "por instrucción de Alberto Fernández" presentó una denuncia penal en la Justicia contra el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, con el fin de "investigarlo" por los presuntos delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales".
Además, el ministro de Justicia y Derechos Humanos agregó que solicitó que el acusado "entregue su teléfono celular, al igual que todos aquellos que resulten relacionados con la investigación".
¿A qué hace referencia con aquellos otros intérpretes que también entrarían en dicha pesquisa? A "empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fiscales nacionales y la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), durante el mandato de Mauricio Macri, Silvia Majdalani".
Por último, vale mencionar que el escrito presentado ante la Justicia expresa que, "en caso de confirmarse las revelaciones periodísticas", se demostraría "una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos" y que esto significaría algo "incompatible con un Estado de Derecho".