martes 05 de julio de 2022 - Edición Nº1308

Nacionales | 22 jun 2022

Política

La Corte Suprema le da un jaque mate a Cristina al rechazar, por unanimidad, sus planteos para intentar frenar la causa vialidad

Este martes, los jueces de la Corte Suprema de Justicia rechazaron todos los planteos que realizó Cristina Fernández de Kirchner para detener el juicio en su contra por la obra pública. Los magistrados sostuvieron que la vicepresidenta -acusada de ser la jefa de una asociación ilícita- no justificó la gravedad institucional que invocó en sus apelaciones y que ninguna de ellas es una sentencia definitiva que implique la intervención del máximo tribunal.


La decisión de rechazar todos los planteos de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner (tomada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) se resolvió por unanimidad. De esta forma, la fecha del juicio no sufrirá modificaciones y a partir del 11 de julio, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF), iniciará los alegatos.

Los miembros de la Corte señalaron que la ex presidenta de la Nación no justificó la gravedad institucional que invocó en sus apelaciones y que ninguna de ellas implica la internación del Máximo Tribunal. “No es posible pensar que cualquier decisión adversa que se adopte en procesos donde estén implicados funcionarios de tal naturaleza exija, por esa sola circunstancia, la intervención de esta Corte”, expresaron.

En cuanto a lo alegado por la defensa de Cristina, desde la Corte afirmaron que “si se invoca la doctrina de la gravedad institucional, el interesado tiene una particular carga justificatoria”. Y agregaron: “En ese sentido, los planteos de la recurrente no cuentan con un desarrollo suficiente con relación a la existencia de un interés que exceda el individual de la parte y afecte de manera directa al de la comunidad o el funcionario de las instituciones básicas de la Nación”.

Cristina Kirchner (que se enfrenta a la posibilidad de una condena de entre 5 y 16 años de prisión) está acusada de haber favorecido a Lázaro Báez (también se encuentra procesado junto con Julio De Vido y José López) en el otorgamiento de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

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