La Coalición Cívica presentó un proyecto de Ley que propone castigar con prisión efectiva a los punteros de los planes sociales

El documento que enviaron desde la coalición liderada por Elisa Carrió pretende modificar el segundo párrafo del artículo 149 bis del Código Penal para que quede establecido de la siguiente forma: “Será reprimido con prisión o reclusión de 2 a 4 años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.

Además, continúa: “Si para obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad, se hiciere uso de amenazas de quitar, eliminar, suspender o limitar un subsidio, asignación o prestación social, la pena será de prisión o reclusión de cuatro a seis años”.

Asimismo, se busca modificar el artículo 168 del Código por uno que diga que será reprimido “con reclusión o prisión de 5 a 10 años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos”.

Una de las fundamentaciones del proyecto de los funcionarios de la CC es que “es público y notorio que muchas personas en estado de necesidad, son obligadas a hacer determinadas acciones o a entregar parte del dinero público que reciben de los planes sociales a dirigentes de las organizaciones”.