martes 30 de abril de 2024 - Edición Nº1973

Exterior | 16 may 2022

Política

Cuba: El Gobierno endurece aún más las medidas, porque ve que de a poco, el pueblo le va perdiendo el miedo al régimen castrista

Este domingo, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP) aprobó el nuevo código penal que prevé, entre otras cuestiones, sanciones de hasta tres años para quienes insulten a altos funcionarios públicos. Por otro lado, también prohibieron el financiamiento externo de los medios.


El nuevo código, que fue sancionado en sesión extraordinaria, fue aprobado por los dictadores Miguel Díaz Canel y Raúl Castro, y entrará en vigencia dentro de 90 días, cuando sea publicado en la Gaceta Oficial de la República.

La norma incluye 37 nuevos delitos como el de “desórdenes públicos” para penalizar “las alteraciones producidas en grupos o individualmente”. Además, identifica como delitos de “sedición” a quienes realicen acciones de “desobediencia civil; propaganda contra el orden constitucional y el estado socialista; o difundan noticias falsas” que pongan en “peligro el prestigio del Estado cubano”.

Por su parte, penaliza la participación en “actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y las comunicaciones”, como así también prevé sanciones de hasta 10 años de prisión para quienes “apoyen, fomenten, financien, reciban o tengan en su poder fondos o financiamientos” de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que puedan ser usados para “sufragar actividades contra el Estado”. E incrementa la pena hasta 30 años de cárcel en delitos de espionaje y el intercambio de información secreta con personal diplomático extranjero.

Ni bien se conoció la aprobación del nuevo Código, la sociedad cubana lo rechazó de forma automática y la agencia AFP René Gómez Manzano, presidente de la Corriente Agromontista -organización más antigua de abogados opositores cubanos- expresó que el “nuevo Código Penal es otra vuelta de tuerca más del régimen para intensificar la represión contra los ciudadanos”.

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