Maiztegui dispuso el allanamiento a Camioneros luego de que la sede que el sindicato posee en San Nicolás no presentara los documentos que acreditaban la existencia de la deuda que mantenía la empresa y después de no obtener respuestas ante el oficio librado sobre la organización liderada por Hugo Moyano.

La abogada de la familia Rey -dueños de la distribuidora-, Florencia Arietto, considera que este procedimiento es clave para la causa porque, si se logra acreditar la deuda, la acusación de coacción -pena máxima de 4 años- pasaría a ser extorsión -máxima de 10- y, de esta forma, se agravaría la situación judicial de Maximiliano Cabaleyro, titular del sindicato de San Nicolás y concejal del Frente de Todos, y Fernando Espíndola.

Cabaleyro, quien además es hijo de Julio Cabaleyro (histórico dirigente de Moyano) y Espíndola fueron detenidos el pasado 8 de abril y están acusados por los delitos de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción por un bloqueo contra la empresa de San Pedro.