sábado 04 de diciembre de 2021 - Edición Nº1095

Actualidad | 16 nov 2021

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De Vido y Jaime fueron acusados por defraudación al estado

Este lunes, la fiscal Gabriela Baigún comenzó su alegato en el juicio en el que trata de determinar la responsabilidad de Julio De Vido, Ricardo Jaime y varios ex funcionarios públicos en la compra de trenes chatarra a España y Portugal, durante el gobierno de Néstor Kirchner.


A lo largo de la investigación, se analizaron los contratos firmados por las autoridades argentinas con las españolas y las portuguesas para comprar material ferroviario que se encontraba en desuso en España y Portugal, con la idea de refaccionarlo en el país y reactivar las tareas de los talleres. De acuerdo a la acusación de Baigún “estos contratos fueron suscriptos sin ningún tipo de previsión respecto de las necesidades del sistema ferroviario argentino, ni respecto de los talleres donde se realizarían las reparaciones y los montos que esa tarea conllevaría. Todo ello constituyó el escenario propicio para la realización de erogaciones que fueron comprobadamente perjudiciales para el estado nacional”.

En el inicio de su alegato, la fiscal dejó en claro que “se encuentra acreditado que Julio De Vido, en su carácter de ministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y Ricardo Jaime, en calidad de secretario de Transporte, llevaron adelante una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al patrimonio del estado nacional, cuya administración les fuera confiada, generándose en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial”.

Asimismo, Baigún se refirió a las palabras del entonces presidente Néstor Kirchner, quién había expresado que “entre todos” deberían ser “auditores concretos”. En ese contexto, la magistrada señaló que “el entonces ministro de Planificación -De Vido- y el secretario de Transporte -Jaime-, no lo fueron” y que ambos funcionarios “violaron las obligaciones del buen administrador”.

A lo largo de la audiencia, la fiscal remarcó todas las irregularidades encontradas en los contratos firmados con España y Portugal. Pese a esto, Baigún todavía no pidió penas para los imputados, sino que lo hará al finalizar su alegato. Se estima que el veredicto final se dé a conocer antes de fin de año.

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