Caso Rodríguez Lastra

En los últimos días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena contra el obstetra Leandro Rodríguez Lastra por impedir el aborto legal en curso de una joven de 18 años, cuyo embarazo era producto de una violación según ella. El máximo tribunal del país desestimó el recurso de queja presentado por la defensa, sin siquiera abrir el caso.

Rodríguez Lastra fue condenado el 4 de octubre de 2019 por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público a las penas de un año y dos meses de prisión y el doble de inhabilitación por no haber realizado un aborto no punible. Esta sentencia fue confirmada en todas las instancias, tanto por el Tribunal de Impugnación, en un fallo por mayoría, como por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

“Teníamos la ilusión de que abrieran el caso y lo analizaran porque iba a ser interesante para que la Corte se expidiera. Sin embargo, no tenían interés por cuestiones más ideológicas que jurídicas. La oportunidad para tratarlo era ahora, lo cual resulta una lástima porque el máximo tribunal judicial del país muestra una mala imagen; es una cuestión muy debatida”, comentó el abogado patrocinante del doctor, Damián Torres, en Radio Conexión Abierta.

Según los testimonios, la joven ingresó al hospital luego de haber consumido pastillas de Oxaprost con un proceso abortivo en curso. Días antes, las profesionales del hospital de Fernández Oro habían solicitado la derivación a Cipolletti para interrumpir el embarazo, pero el obstetra exigió un informe psiquiátrico, un requisito no establecido en el protocolo de actuación de aborto no punible, por lo que se interpretó como una negación a la asistencia sanitaria.

“Los obstetras en ese momento tenemos dos pacientes, y saber que la Justicia considera que poner la vida y la salud de ambos por encima de cualquier otra cosa es un crimen, genera mucha pena, sabiendo que cada uno, como médico, lleva a cabo su trabajo sin poner por delante ningún criterio personal”, manifestó Rodríguez Lastra, quien actualmente posee matricula para trabajar en Entre Ríos con vigencia hasta 2025. Y agregó: “Ver que la justicia fuerza una conducta médica como una conducta atravesada por alguna convicción personal, ética o religiosa, me parece que es un gran yerro y un mensaje muy nefasto para la sociedad”.

La resolución de la semana pasada para ni siquiera chusmear el caso fue firmada por los ministros Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y la ministra Elena Highton.

El médico sostuvo, para concluir, que “si hubiese asesinado al bebe no iría preso, ya que hoy se están llevando a cabo asesinatos de esta naturaleza, sobre todo en el interior del país. Que me hayan condenado por haber salvado la vida de esas dos personas, no me pesa, más allá de los contratiempos que me producen las cuestiones meramente burocráticas”.