jueves 25 de abril de 2024 - Edición Nº1968

Actualidad | 4 may 2021

MandaMiento K: Pa mi, no pa vos...

Un informe televisivo mostró una investigación en relación a los vacunatorios que debía construir la directora general del PAMI, Luana Volnovich, aunque, contrariamente, gastó millones de pesos en postas sanitarias de baja calidad y concurrencia, sumado a que los vacunados eran militantes y no jubilados.


La directora general del PAMI, Luana Volnovich, habia acusado, hace unos días atrás, al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de no convocar al PAMI para participar del operativo de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. “El Estado distribuye las vacunas. Si CABA siente que no tiene la capacidad para vacunar a tanta gente, que pida ayuda, pero que las dosis le lleguen a todos”, habia expresado la funcionaria.

Pocos días atrás, ratificó su denuncia contra el gobierno porteño por irregularidades en la asignación de turnos de vacunación para afiliados de la obra social de jubilados residentes en la Ciudad, para lo cual entregó material probatorio en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8 de esta Capital. Sin embargo, el pasado 24 de abril, según se informó, autoridades del gobierno de Larreta y el PAMI resolvieron avanzar con la administración de las vacunas.

En un programa televisivo se dijo que lo que ocurría era que el PAMI -conducido actualmente por una militante de La Cámpora- estaba produciendo un listado ineficiente y por eso encontraban que a sus vacunatorios no iba nadie. Además, la investigación mostraba que tenían que vacunar a cinco mil jubilados, pero se contrataban militantes temporariamente. En esa línea, confirmaron que se gastaron 21.341.255 de pesos para constituir postas sanitarias de muy baja calidad y concurrencia.

A su vez, se denunciaron gastos millonarios para la compra de insumos tecnológicos como computadoras y cámaras profesionales de fotografía y trabajos multimedia. En distintos reportajes, jubilados confirmaron cómo se vio afectada durante la pandemia la prestación de servicios vitales como cardiología y oncología; otra mujer denunció el cese de asistencia a una paciente con “problemas cerebrales”.

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