El mes pasado, la canasta básica alimentaria -la que mide el nivel de indigencia- subió 4,5% respecto de febrero, mientras que la canasta básica total -que establece la línea de pobreza- subió 5%, es decir, por encima del índice de inflación de marzo que fue de 4,8%.

La progresión mensual de estos indicadores impulsó al Gobierno a lanzar una batería de medidas con el fin de contener el alza inflacionaria de productos básicos, en especial ligados a la alimentación. Esta fue acordada en una reunión de gabinete económico en Casa de Gobierno, y las iniciativas son una respuesta del Estado que parte de un análisis macroeconómico sobre el efecto que generaron el aumento del precio internacional de los alimentos -del 30% en dólares desde septiembre de 2020, en promedio- a lo que a nivel local se sumaron maniobras especulativas y de evasión fiscal sobre los precios en el mercado interno en los últimos meses.

Para ello se impulsará el abastecimiento de carne vacuna a precios accesibles, un conjunto de acuerdos sectoriales para dar mayor previsibilidad de precios a futuro, el fortalecimiento en el acceso a alimentos a precios mayoristas, una diversificación de la oferta y la competencia en la producción de los mismos, y mayor monitoreo de los mercados para el cumplimiento de normas vigentes, entre otras medidas.

Por otro lado el gobierno trabaja en una modificación para el relanzamiento del programa Precios Máximos que vence a mitad del mes próximo. Por estas horas la propuesta oficial es elaborar una canasta de 120 productos a precios populares que quedarían congelados por seis meses que, en este caso, los empresarios aceptarían sólo con la promesa de que finalice dicho programa.

Todos los programas para contener el alza de los precios han fallado. Encima, el gobierno no implementa de un modo 100% la ley de góndolas. Al aplicarla de forma acotada, los valores seguiran subiendo.