Por Jorge R. Enríquez, Diputado Nacional (Juntos por el Cambio- PRO, CABA).

La conducción del Ministerio Público Fiscal federal compete al Procurador General de la Nación.  Para que cumpla eficazmente su misión, la Constitución le asegura independencia funcional. Y si bien no prevé la duración de su cargo, es evidente que si fuera por períodos breves la independencia se vería afectada.

También es necesario, a fin de asegurar esa independencia, que tenga el mismo modo de designación y remoción que los jueces de la Corte Suprema. Eso se logra con mayorías agravadas, que exijan el consenso de diversas fuerzas políticas y eviten la imposición de una mayoría circunstancial de un solo partido. Así funcionó el sistema desde 1998, cuando se dictó la primera ley de Ministerio Público tras la reforma constitucional de 1994.

La pretensión del actual oficialismo de dejar de lado esos consensos básicos es muy grave. También lo es el embate del nuevo ministro de Justicia contra el Procurador Eduardo Casal. La situación de este no es “insostenible”, como ha afirmado. Al contrario, está sostenido por la ley.

Cuando el oficialismo supere (si alguna vez ocurre) sus conflictos internos, tal vez pueda acordar el nombre de un sucesor que, si es idóneo e independiente, contará con el aval de la oposición.

La independencia de los jueces y del Ministerio Público Fiscal no es solo el cumplimiento de un deber constitucional: es el requisito indispensable para que vivamos en una República.