De esta manera, quien fuera titular del organismo está acusado de los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación contra la administración pública nacional. Además de la imputación sin prisión preventiva, también un embargo sobre sus bienes por más de 200 millones de pesos.
A lo largo de su argumento, Casanello explicó que la investigación “permitió construir un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externas y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.
Por su parte, el magistrado también advirtió que “la Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la proyección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.
Es preciso señalar que, entre los 18 imputados también se encuentran el ex funcionario Diego Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete, su hija y ex funcionaria del Ministerio de Economía, Ornella Calvete y el médico Pablo Atchabahian.