

De esta manera, el Gobierno Nacional logró ganar tiempo para poder recomponer la relación con los ex aliados y con los gobernadores, ya que todo pareciera indicar que el Senado la trataría luego de las elecciones del 26 de octubre.
Entre las modificaciones más significativas se destacan que ambas Cámaras deberán pronunciarse sobre la validez de los decretos para que sean ratificados y se estableció que cada DNU deberá referirse a un área en particular, con el único objetivo de evitar que se mezclen varios temas en un solo texto.
Por su parte y luego de una maniobra por parte del oficialismo, se logró rechazar el límite de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie ya que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 (se cayó en la votación en particular), si el tema no es tratado dentro de ese plazo, los DNU se caen.
Es preciso señalar que la nueva ley, que había tenido un amplio consenso y que ahora la oposición intentará voltear, modificará la ley 26.122 de 2006 que había sido impulsada por la propia Cristina Fernández de Kirchner durante el Gobierno de Néstor Kirchner.