Los pañuelos negros acompañan y alientan las denuncias presentadas ante el Consejo de la Magistratura

Las pruebas presentadas el pasado martes, en cada causa, demuestran las groseras inconsistencias que permitieron u omitieron los magistrados, por los que llevan años injustamente privados de su libertad aquellos que juraron defender la patria.

Denuncia contra jueces federales: manipulación de pruebas y condena sin sustento

La denuncia presentada ante el Consejo de la Magistratura acusa con dureza a jueces del Tribunal Oral Federal de La Plata (Esmoris, Jarazo y Castelli) y de la Cámara de Casación Penal a cargo de los jueces de la Sala IV, (Borinsky, Carbajo y Ledesma) por haber dictado una sentencia contra Daniel Leonardo Lucero basada en tergiversaciones, arbitrariedades y decisiones guiadas por ideología antes que por pruebas.

Manipulación de conceptos jurídicos

Los magistrados forzaron figuras penales para encajar una condena inexistente. Hablaron de “privación ilegal de la libertad” de menores cuando la propia legislación vigente en los años setenta establecía que los niños hallados en operativos debían ser entregados a la Policía o a la Justicia, cosa que efectivamente ocurrió. Asimismo, introdujeron nociones ajenas al Código Penal, como “plan criminal” o “aparato organizado de poder”, con el único fin de darle un ropaje jurídico a una sentencia previamente decidida. Esto constituye lisa y llanamente prevaricato.

Testimonios endebles usados como prueba central

El caso paradigmático es el de Marcela Patricia Quiroga (caso Lucero), quien declaró más de 40 años después de los hechos. Su relato presenta serias inconsistencias: dijo haber sabido que estuvo en lugares llamados “Vesubio” y “Sheraton” cuando apenas tenía 12 años; sostuvo que fue sacada esposada de la casa mientras sostenía a su hermana bebé, algo físicamente imposible; y no pudo identificar con precisión a las personas involucradas. Pese a estas incongruencias, los jueces erigieron su testimonio como piedra angular del fallo, ignorando que carecía de sustento objetivo.

Pruebas ignoradas deliberadamente

Al mismo tiempo, se desestimaron pruebas materiales y testimoniales claves. En el operativo se secuestraron armas de guerra, granadas y documentación subversiva, lo que confirmaba que se trataba de un enfrentamiento y no de un ataque planificado por los militares. Soldados y testigos imparciales señalaron que los primeros disparos provinieron del interior de la vivienda, lo que encuadraba la actuación en legítima defensa. Sin embargo, los jueces eligieron ignorar esos elementos para sostener su narrativa.

Falencias formales que muestran desprecio por el proceso

La sentencia fue dictada sin foliación, un requisito básico en cualquier expediente judicial. Esta omisión, calificada en la denuncia como dolosa, impide el ejercicio del derecho de defensa y constituye una falta disciplinaria gravísima. Los Pañuelos Negros apoyan la denuncia y concluyen que, “el caso Lucero, es un ejemplo claro de cómo un Tribunal puede inventar delitos inexistentes, manipular testimonios y torcer el sentido de las pruebas con fines políticos”. Asimismo, apoyan la acusación a los jueces, por “prevaricato, incumplimiento de deberes y parcialidad ideológica”, y reclaman su destitución “por haber atentado no solo contra un imputado en particular, sino contra la credibilidad misma del Poder Judicial”.

La condena invisible: cuando la Justicia dejó de buscar pruebas

El caso del Cabo Julio Narciso Flores parece extraído de una novela kafkiana, donde la lógica se quiebra y los hechos pierden peso frente a la conveniencia política. A sus 18 años, mientras cumplía funciones de mantenimiento en Palomar, difícilmente imaginó que décadas después sería condenado a 25 años de prisión por crímenes cometidos en un lugar donde, según los registros militares, nunca estuvo. Los testimonios en su contra se deshacen al menor análisis. Un ex guerrillero juró reconocerlo por su “acento porteño”, cuando cualquier salteño que escuche hablar a Flores reconocería al instante la tonada norteña arraigada en cada sílaba. Otro describió a “un hombre de anteojos Ray Ban y pelo largo”, detalles incongruentes con los rigores del servicio militar. Las descripciones físicas variaban entre un “gordinflón” y un tipo de 1.60 metros, cuando Flores era y sigue siendo un hombre delgado de 1.70. La partida de nacimiento, ese documento público e incuestionable, demostró que sus padres eran argentinos, desmintiendo el relato del “guardia de familia boliviana”. Los legajos militares ubicaban su servicio lejos de la Mansión Seré. Sin embargo, los jueces prefirieron construir su veredicto sobre arenas movedizas: identificaciones dudosas, confusiones con otro militar ya fallecido, y una teoría jurídica que convierte la presunción en condena. Lo más revelador fue su absolución parcial. Los mismos magistrados que reconocieron no tener pruebas suficientes en algunos cargos, mantuvieron la condena en otros con igual falta de sustento. Como si la duda, válida para excusar ciertos puntos, dejara de importar cuando convenía a la narrativa del juicio. Al final, más que un fallo judicial, parece el guión de una obra donde los personajes están predestinados: los jueces cumplieron su rol, los testigos dijeron sus líneas, y Flores recibió el papel de villano, aunque las pruebas gritaran su inocencia. La Justicia, en este caso, no buscó la verdad. Se limitó a representar un papel. “Condenaron a un hombre por lo que no hizo, basándose en lo que no probaron, mientras celebraban una Justicia que no existió”, cerraron desde Los Pañuelos Negros.