![César Torres, secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Ciudad, aseguró que ya se realizaron 1.132 acciones contra el narcotráfico](./uploads/noticias/3/2024/05/a09eac335fb839d4e2a60740f2713bef62e1523d.jpg)
![César Torres, secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Ciudad, aseguró que ya se realizaron 1.132 acciones contra el narcotráfico](./uploads/noticias/4/2024/05/a09eac335fb839d4e2a60740f2713bef62e1523d.jpg)
En el escrito, firmado por Emilio Caravaca Pazos, presidente de Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA); Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA); Fabián Acerbo, líder del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (COFECI) y Marta Liotto, titular del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), se dejó asentado la responsabilidad conjunta para encontrar “un camino consensuado, que facilite el acceso a la vivienda de la familia argentina dentro del orden y la legalidad”. A su vez, ratifican el “desacierto que podría implicar la sola mención de establecer un impuesto a la denominada ‘vivienda ociosa’ o ‘un tope al valor del canon locativo’, que en nada contribuirá a incrementar la cantidad de inmuebles ofrecidos en alquiler, sino todo lo contrario”.
También subrayaron que es “lamentable que el sector privado, en especial en las provincias, construya poco para el mercado de alquileres”. Además, la nota resaltó que lo que “se construye, dista mucho de considerarse una vivienda social o familiar”. Asimismo, los titulares manifestaron que la “aplicación” de la denominada Ley de Alquileres, en vigencia desde julio de 2020, no promovió ninguna “solución a la crisis habitacional”.
Por otra parte y más allá de reconocer “algunos acertados y clarificadores puntos de la normativa”, marcan que hay dos artículos que suscitaron “mayor conflicto y desconfianza” y que deben ser “abordados con marcada urgencia”, como el cambio en el plazo mínimo de duración de los contratos, que piden que vuelva a ser de 2 años. El otro punto a revisar es la actualización del canon locativo, que los firmantes sugieren la “libertad contractual para las partes, en la determinación del sistema de actualización y en su periodicidad”.
En el cierre del comunicado, explican que la “derogación o modificación de la Ley de Alquileres no será una solución automática, única ni suficiente para el mercado locativo habitacional del país, sino que resulta necesario aumentar la oferta locativa a través del fomento de la construcción, remodelación o inversión en unidades habitacionales nuevas o usadas para ser destinadas al mercado de alquileres de vivienda” y le solicitan al Gobierno Nacional facilidades para que los argentinos puedan “acceder a la compra de la vivienda propia mediante créditos blandos y se impulse la inversión de aquellos tenedores de recursos o ahorros”.