Para la justicia brasileña, la palabra corrupción no está en el diccionario

Según el juez Federico Botelho de Barros Viana, del Décimo Juzgado Penal de la Corte Federal de Brasilia, la investigación no demostró "de manera convincente" que Lula y Carvalho, quien fue su ministro y también titular de la cartera de la Secretaría de la Presidencia durante el primer Gobierno de la exmandataria Dilma Rousseff, "participaron en el contexto supuestamente delictivo".

"No existe evidencia adecuada y ni siquiera mínimamente capaz de demostrar la existencia de un ajuste ilícito entre las imputados para efectos de transferencia de cantidades a favor de Lula y Gilberto Carvalho”, concluyó Viana.

La Fiscalía sostenía que Lula editó, a cambio de supuestas coimas, una medida legislativa para favorecer a empresas del sector automotriz mediante una prórroga de los beneficios tributarios por cinco años.

El proceso se enmarca dentro de la "Operación Zelotes", que desde 2015 estudia supuestas irregularidades en el CARF, departamento del fisco encargado de sancionar a los defraudadores de impuestos, y que también salpicó a varios importantes banqueros y políticos. La acusación contra Lula fue presentada en 2017 por el Ministerio Público Federal.

Lula, quien pasó 580 días en prisión por corrupción, se vio favorecido este año por un fallo del Supremo que anuló otras penas por corrupción que pesaban en su contra y pudo, así, recuperar sus derechos políticos. La Corte Suprema anuló cuatro juicios que cursaron contra el exmandatario en tribunales de Curitiba por un conflicto de competencias y decidió que las causas deberán reiniciarse en otros juzgados, con lo que dejó sin efecto penas de casi 26 años de cárcel que pesaban en su contra.