Diputados: el Gobierno logró aprobar una nueva Ley de Discapacidad, hasta con el apoyo de UxP y también una nueva Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con modificaciones

Con 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones más el respaldo de sus aliados de los bloques de Unión por la Patria y Provincias Unidas, el Gobierno Nacional aprobó una nueva Ley de Discapacidad, que ahora será enviada al Senado para que se revisen todos los cambios propuestos.

El nuevo proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, eleva a rango de ley los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad y mantiene vigente la Ley 26.816 de empleo protegido y refuerza su respaldo presupuestario, es decir que, si los fondos del Ministerio de Salud resultasen insuficientes, se recurrirá al Tesoro Nacional.

Otro de los puntos centrales son las pensiones por invalidez, que garantizará la cobertura médica básica del programa de Incluir Salud y restablece la actualización mensual por inflación del nomenclador; a la vez que la propuesta abarca la deuda con los prestadores -supera los $278.000 millones-, y dispone que el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 90 días para saldar el monto total.

Por otro lado, también se trató y se aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en la que el oficialismo debió ceder con modificaciones que restituyen los límites que existían previamente para la compra de propiedades rurales o en lugares de fronte por parte de extranjeros.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de un procedimiento acelerado para recuperar inmuebles, por lo que el proyecto planteó que, en caso de usurpación, el juez pueda ordenar la entrega inmediata; mientras que, en el caso de desalojos por mora, la intimación de pago tendría un plazo de al menos 10 días.

Por su parte, el proyecto legisla sobre expropiaciones y desalojos, limitando las facultades del Estado para declarar la “utilidad pública” de inmuebles; a la vez que incorpora un criterio sobre compensaciones fijando un tope del 30% para la indemnización por lucro cesante.

Vale destacar que, con estas nuevas modificaciones, el proyecto de ley deberá volver al Senado, en donde la Cámara Alta votará si acepta los cambios impuestos por Diputados o si vuelve a votar el texto original.