En su decisión, el juez Enrique Alonso Regueira determinó que tanto Pichetto como Massot “no probaron la existencia de circunstancias graves y objetivamente impostergables” que pudiesen otorgar una cautelar antes de escuchar la postura del Estado Nacional.
De esta manera, no sólo la vigencia de la desregulación territorial se mantiene operativa en todo el país, sino que el magistrado le dio cinco días al Gobierno Nacional para que presente un informe y así poder pronunciarse de forma definitiva sobre la situación.
Vale destacar que, en el escrito realizado tanto por Pichetto como por Massot, ambos del bloque de Encuentro Federal, habían presentado la solicitud luego de que el pasado 29 de septiembre, la Corte Suprema revocara un fallo de la Cámara Federal de La Plata.