Así las cosas y de acuerdo con lo informado, la sala IV de la Cámara Federal de Casación rechazó dicho planteamiento argumentando que se trata de una medida preventiva que no causa “un perjuicio imposible de reparar”.
Asimismo, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña señalaron que lo sometido a revisión fue únicamente el embargo preventivo y recordaron que las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas ni habilitan por sí mismas la intervención de Casación.
En su presentación, la ex presidenta sostenía que dichos inmuebles “no constituyen instrumentos, producto ni provecho del delito investigado en Vialidad”, a la vez que planteó que la medida podría conducir a la privación definitiva de sus bienes e incluso al desapoderamiento del departamento ubicado en San José 1111, donde hoy se encuentra cumpliendo la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad.
Vale destacar que los embargos preventivos ordenados por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 alcanzó un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera ubicados en el Complejo Madero Center de Puerto Madero y múltiples terrenos y edificaciones en la provincia de Santa Cruz.