Morosidad: intervenir el crédito no es la solución, es el problema

En este marco es que llegamos a que el Congreso de la Nación está revisando unos cincuenta proyectos, los cuales involucran, todos, alguna clase de nueva regulación, subsidio de tasas, intervención estatal y hasta liso y llano control de precios. Todas medidas que afectarán negativamente las decisiones de ahorro en los bancos y restringirán la posibilidad de acceso al crédito.

Entre las propuestas elevadas se destaca aplicar precios máximos a las tasas que estos acreedores pueden cobrar, buscando obligar al BCRA a supervisar que el Costo Financiero Total no supere tal o cual múltiplo de la tasa o alejamiento del promedio de tasas del mercado, limitando completamente la competencia entre acreedores. Se olvidan de que eso afectará negativamente la tasa que se le pagará al depositante; por lo que bajará la cantidad de ahorro disponible para dar crédito.

Por otro lado, los bancos sólo les prestarán a aquellos cuyo riesgo esté cubierto por esa tasa máxima que se fijó, dejando fuera y a merced de usureros al resto de los que necesitan financiamiento. Es decir, una “solución” sumamente dañina para el conjunto de los argentinos. Los proyectos que proponen algún tipo de subsidio a los morosos implican que los contribuyentes, incluidos los más de 80% de tomadores que hacen el esfuerzo para cumplir con los pagos, fondearán la solución para deudores morosos y sus acreedores. Esto es injusto.

La solución no va a venir de promover nuevamente los mecanismos de intervención que fallaron en el pasado y no hacen más que degradar las posibilidades de tener un sistema crediticio y financiero saludable a mediano plazo. Argentina es, por lejos, el país que menos crédito como porcentaje del PBI tiene en Latinoamérica con 10% versus 47% en el promedio regional; traer al Estado para que meta la pata en un sistema que se empieza a recuperar, con sus bemoles, es la garantía de que este nunca pueda realmente recuperarse y transformarse en el motor de la economía argentina.

Un problema grave y real es el fuerte peso de los impuestos nacionales, provinciales y municipales en la tasa de interés, que pueden llegar a cerca del 30% del costo financiero total que paga el tomador. En este sentido, algunos ejemplos acerca de cómo mejorar el estado actual de la morosidad pueden ser:

* Modificación del sistema de reasignación forzosa de la clasificación de deudores establecida por el BCRA. Las entidades financieras están obligadas a reclasificar a sus clientes dependiendo de la clasificación que los mismos tengan en otras entidades. Esto implica que la peor clasificación de un individuo en un banco se arrastra a todas las entidades con las que esté vinculado. En consecuencia, otros bancos donde esta persona sea solvente acaban por cortarle líneas de crédito, subirle tasas y, finalmente, incentivando su salida del sistema financiero.

* Basados en una idea del ministro de Economía, Luis Caputo, para promover la mejora de las rutas, proponemos el mismo concepto para incentivar la renegociación de los bancos con los morosos: El estado nacional eximirá a entidades, que cumplan condiciones predeterminadas, de cobrar los gravámenes nacionales sobre la tasa de interés refinanciadas; pero sólo si la provincia y municipio que corresponda hace lo mismo.

En Libertad y Progreso sostenemos que el crédito no se expande por decreto, sino quitando impuestos a la intermediación financiera, corrigiendo las regulaciones del BCRA que expulsan del sistema a deudores solventes y dejando que acreedores y tomadores renegocien libremente. Bajar el costo del crédito exige menos Estado en la tasa, no más Estado en el contrato.

Anexo I - Régimen Federal de Alivio Crediticio y Reducción de la Mora

Se propone crear por ley un Régimen Federal de Alivio Crediticio, voluntario para las entidades financieras y con adhesión de provincias y municipios. Para los créditos morosos de las personas físicas que se renegocien según determinadas condiciones, la Nación eliminaría los impuestos nacionales que gravan la tasa de interés de los préstamos refinanciados. También, será condición necesaria que las provincias y los municipios eliminen sus gravámenes sobre dichos servicios de deuda.

A cambio, los bancos participantes deberán trasladar íntegramente el ahorro tributario a sus clientes. Para ello tendrán que:

* Eliminar los intereses punitorios y cargos por gestión de cobranza sobre las deudas refinanciadas;

* Reducir el spread entre las tasas activas y el costo de captación en una proporción compatible con la baja de los gravámenes;

* Ofrecer refinanciaciones de hasta 36 o 60 meses, con cuotas compatibles con el ingreso del deudor;

* Publicar el costo financiero total, el ahorro tributario recibido y su traslado a las tasas;

* Mantener durante la refinanciación una cuota que no supere un porcentaje prudente del ingreso familiar o del flujo de fondos de la empresa.

El BCRA deberá verificar que el beneficio fiscal llegue efectivamente a los usuarios. Si una entidad no reduce sus spreads o reincorpora el ahorro mediante comisiones, perderá automáticamente la exención y deberá devolver el beneficio recibido. La competencia entre bancos y la portabilidad gratuita de las deudas reforzarán ese control: el deudor podrá trasladar su préstamo a la entidad que le ofrezca mejores condiciones.

Cumplidas entre seis y doce cuotas consecutivas, la entidad deberá informar la regularización al BCRA y actualizar inmediatamente la situación del cliente en la Central de Deudores. No se borrará el historial verdadero, pero se incorporará de manera visible el cumplimiento del nuevo plan, permitiendo una recuperación gradual del acceso al crédito. También deberá establecerse un procedimiento rápido para corregir registros erróneos.

Finalmente, se creará un mecanismo digital de diagnóstico que permita a cada deudor conocer todas sus obligaciones, comparar planes y elegir la refinanciación más conveniente. Podrá complementarse con asesoramiento financiero gratuito y alertas tempranas antes del primer incumplimiento.

La lógica es sencilla: el Estado reduce los impuestos que encarecen el crédito; los bancos eliminan punitorios, reducen spreads y refinancian; los deudores conservan la obligación de devolver el capital. No se socializan pérdidas ni se premia al incumplidor. Se reemplaza un círculo vicioso de impuestos, tasas elevadas y mora por otro de menor costo financiero, mayor cobrabilidad y recuperación del crédito.

Por último, lo ideal sería que la baja de impuestos nacionales, provinciales y municipales se extendiera a todos los créditos personales ya tomados; aunque eso exigiría un cuidadoso análisis de la resignación de ingresos que significaría para el Estado Nacional, dado el objetivo prioritario de sostener el equilibrio fiscal total.