En el escrito, en el que apuntaron contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la entidad expresó su “profunda preocupación y rechazo” a la normativa, al considerar que la medida dictada por el Gobierno Nacional representa un claro retroceso respecto del espíritu inicial.
Según lo planteado, la reglamentación terminó desvirtuando la promesa de eliminar cargas que obligan a los empleadores a financiar estructuras que incrementan sus costos laborales sin que exista una decisión voluntaria por parte de las compañías; por lo que las empresas deberán efectuar contribuciones al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnología para el Comercio (INACAP), incluso cuando el trabajador no reciba capacitación.
De acuerdo con los cálculos estimados por la CADAM, este mecanismo representa una recaudación superior a $30.000 millones anuales; cuyos fondos se distribuyen entre determinadas cámaras empresarias.