En el alegato presentado por la UIF, se consideró que, De Vido, López y el ex subsecretario Abel Fatala, fueron autores del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública; pidiendo seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua.
Por su parte, también solicitaron seis años de cárcel para Sergio y Pablo Schoklender como partícipes necesarios, ya que ejercían el rol de administradores de la Fundación Madres (administradora del programa social).
Asimismo, se reclamó cuatro años de prisión para los referentes de Santiago del Estero Daniel Nasif, Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin; acusados de ser partícipes secundarios.
Tras la presentación, la abogada de la UIF, Marianella Teich expuso que en la causa se juzga "la instrumentación deliberada de la estructura orgánica del Estado en connivencia con la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para defraudar las arcas públicas por $206.438.454,05, a valor histórico”; a la vez que aseguró que las pruebas presentadas "demuestran el aporte de cada uno de los acusados para cometer defraudaciones en perjuicio del Estado".