En la decisión, que se resolvió por mayoría después de que los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo hicieran lugar al planteo de la defensa; se sostuvo en que “no existían elementos de prueba suficientes para mantener el procesamiento de Alberto Fernández”, solicitando así la nulidad tanto del procesamiento como del embargo de bienes por la suma de $14.634.220.283.
Por su parte, el juez Gustavo Hornos, quien votó en disidencia, sostuvo que el procesamiento dictado sin prisión preventiva y confirmado por la Cámara de Apelaciones se encontraba “suficientemente fundado en derecho y en las constancias de la causa”; destacando también que la decisión se apoyó en la existencia de un supuesto esquema de direccionamiento irregular en la contratación de seguros estatales.
Es preciso recordar que la causa, por la que se encuentran procesados varios ex funcionarios del Gobierno de Fernández y brókers, entre los que se destaca Héctor Martínez Sosa, amigo del ex presidente y esposo de su ex secretaria, María Cantero; investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte del Estado Nacional durante la presidencia de Alberto Fernández, a través de Nación Seguros S.A.