De esta manera, la primera audiencia pública se realizó en un marco de total tensión, ya que en la previa un grupo de diputados opositores presentó un reclamo en el que aseguraron que las audiencias resultan ser “inválidas por las graves irregularidades en la metodología adoptada para su desarrollo, las cuáles restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y los compromisos internacionales asumidos por Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú”.
A lo largo de la reunión, se produjeron algunas discusiones fuertes entre el oficialismo y la oposición, ya que estos últimos se quejaron durante toda la jornada de que se haya limitado a 200 oradores provinciales.
Durante la exposición, la mayoría de los oradores señaló las razones por las cuáles no se debía modificar la ley de Glaciares, salvo el ministro de producción de San Juan, Gustavo Fernández, quien apoyó el proyecto que impulsa La Libertad Avanza, y reconoció que su provincia no tiene conflicto con el agua por las mineras sino porque “el kirchnerismo, en los últimos 20 años abandonó las obras de mantenimiento del riego”.
Es preciso señalar que el proyecto ya fue sancionado por el Senado, pero ahora se busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares, que en la actualidad están blindadas e inhabilitadas para actividades industriales.