El Gobierno Nacional apelará el fallo, tras la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal, que ordenó dejar de aplicar el protocolo antipiquetes

El juez Martín Cormick, consideró que “la metodología implementada por las fuerzas de seguridad tiene vicios en su conformación legal” y, por tanto, decidió declararlo nulo por la Justicia Federal.

Recordemos que la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad, señala que “cualquier manifestación que interrumpa el tránsito, constituye un delito en flagrancia, lo que habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta”.

Frente a esto y, a través de un recurso de amparo, se solicitó que se declare la inconstitucionalidad del protocolo, puesto que se dijo que “atenta de manera directa contra el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, de petición y de reunión, garantizados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales sobre derechos humanos”.

Asimismo, el juez Cormick alegó que, a su entender, “el Ministerio de Seguridad intentó legislar sobre material penal y procesal, tareas que exceden el marco de competencia de un funcionario del Poder Ejecutivo”. Y concluyó: “La administración pública no tiene la potestad de dictar normas que restrinjan derechos constitucionales fundamentales, sin que exista una ley previa del Congreso que habilite tales limitaciones”.

Por último, es preciso mencionar que las autoridades nacionales recurrirán a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal con la intención de defender la medida que se viene implementando desde 2023.