Maduro contraataca: condenó a 30 años de prisión al yerno del verdadero presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia

“Luego de 11 meses en situación de desaparición forzada y mediante un proceso penal clandestino y oculto, confirmo que, según me informaron autoridades competentes, mi esposo Rafael Turdares Bracho habría sido condenado a 30 años de prisión, por supuestos graves delitos previstos en la legislación penal venezolana los cuáles, ratifico, él no ha cometido: Rafael es inocente”, expresó su mujer Mariana González mediante una carta publicada en la red social X.

Por su parte, explicó que las autoridades le informaron que “la injusta sentencia condenatoria emitida contra Rafael se habría dictado porque, supuestamente, él habría realizado hechos que habrían sido calificados como delitos de conspiración y otros delitos graves, en supuesta asociación con una persona que él no conoce”.

En ese sentido, también denunció que tanto ella como su abogado no pueden acceder al expediente del caso y profundizó: “En 10 meses de proceso, nunca se nos ha permitido revisar las actas procesales del caso y, mucho menos, obtener una copia del expediente seguido en su contra. En esas circunstancias, materialmente nos es imposible acceder al contenido de la sentencia, lo cual es totalmente injusto y genera una grave indefensión. Se me ha referido una vez más que el expediente es confidencial por la ‘naturaleza del caso’, lo cual representa una grave violación de los derechos y garantías judiciales que tiene Rafael y yo como su esposa y madre de nuestros dos niños”.

El que también se expresó ante lo ocurrido fue Edmundo González Urrutia quién además de afirmar que se trata de “una decisión sin sustento jurídico, incompatible con la Constitución y utilizada como represalia política para intentar distorsionar la voluntad expresada por los venezolanos el 28 de julio de 2024”; también dejó en claro que tanto su hija como su yerno “no tienen vínculo alguno” con sus responsabilidades públicas y que “utilizar el sistema de justicia para castigar a tercero es una práctica que confirma la confusión entre poder e impunidad que tanto daño le ha hecho al país”.