El Gobierno Nacional promulgó la Ley de Discapacidad, pero postergó su aplicabilidad: no hay plata

En la jornada de ayer, se dio a conocer que el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, tomó la decisión de promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad, aunque comunicó que su aplicación queda en suspenso hasta que el Congreso incluya “créditos presupuestarios y fuentes específicas para cubrir sus erogaciones” (tal y como se establece en el Decreto 681/2025; particularmente en el artículo 5 de la Ley 24.629 y el artículo 38 de la Ley 24.156).

Continuando por esta línea, lo que deslizaron desde el Gobierno es que el Presupuesto 2026 fue remitido al Congreso el pasado 15 de septiembre y que el mismo “es el ámbito para definir recursos y partidas que permitan la ejecución de la norma”.

Asimismo, se estimó que la creación de la nueva pensión “implicará un gasto de $2.166.985.900.000 para el ejercicio 2025, equivalente al 0,26% del Producto Bruto Interno (PBI) y un gasto adicional de $4.706.628.500.000 para 2026, es decir, un 0,47% del PBI”.

Además, vale mencionar que a esto habría que agregar el costo para el ‘Programa Incluir Salud’, el cual tiene como fin otorgar cobertura médica a los titulares de pensiones no contributivas, con un gasto adicional de $574.200.000.000 para 2025 (0,07% del PBI) y $1.239.266.000.000 para 2026 (0,12% del PBI). En tanto, la compensación económica de emergencia para prestadores se calcula en $278.323.000.000 (0,03% del PBI).

En resumen, la aplicabilidad de la Ley de Emergencia en Discapacidad demandaría un crédito presupuestario de $3.019.508.900.000, es decir, un 0,35% del Producto Bruto Interno.