El decreto, que lleva la firma de Javier Milei y de todos sus ministros, deja sin efecto el incremento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones, y el incremento para el bono, que pasaría de $70.000 a $110.000, que se actualizaba por inflación.
Mientras que, en el caso particular de la emergencia nacional en discapacidad, no solo que había sido declarada hasta 2026, sino que brindaba una nueva pensión no contributiva compatible con el trabajo formal y establecía actualizaciones automáticas de aranceles para los prestadores.
A través de un comunicado oficial, desde el Gobierno Nacional comentaron que “los referidos proyectos de ley implicarán, en conjunto, para el Estado Nacional, un gasto adicional este año de más de 7 billones de pesos y cerca de 17 billones de pesos para el 2026. Estos importes equivalen a aumentar un 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso y del 16,8% del PBI estimado para el año entrante”.
Por su parte, apuntaron contra el arco político, al considerar que “determinados sectores han impulsado estos proyectos en pleno ciclo electoral con el evidente objetivo de hacer campaña, disfrazando con causas nobles su notable intención de provocar una fuerte ruptura del orden macroeconómico que tanto le costó conseguir a los argentinos”.
Es preciso señalar que luego de que se haya confirmado el veto a la ley de emergencia en discapacidad, diversas agrupaciones que nuclean a personas con dificultades, realizaron una convocatoria para hoy a partir de las 11.30, con la intención de movilizarse hacia el Congreso.