“Los entretelones de la gestión de una visita oficial de distintos legisladores que son representantes del pueblo, con medios públicos a un lugar público, deben ser dirimidos en los ámbitos correspondientes al debate parlamentario y canalizados ante las autoridades pertinentes”, resolvió Kreplak en una causa que se inició luego de que se hiciera pública la visita de los diputados a los represores.
Además de haber desestimado la denuncia, el magistrado no sólo quitó a Arrieta de su rol de querellante, sino que también tomó la decisión de retirarle la custodia policial que ella misma había pedido ni bien se inició el expediente.
Pese a que la Justicia entendió que no había delito para investigar, es preciso señalar que al expediente todavía le queda un tramo abierto, ya que deberá determinarse si se violaron los reglamentos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), por lo que el juez aceptó a Carlos Pisoni y Virginia Franco (víctimas de delitos de lesa humanidad) como querellantes en la causa.