La medida, que va en consonancia con la implementación que había realizado Javier Milei en el DNU 70/2023 (en enero, la Justicia del Trabajo declaró su invalidez), busca modificar el artículo 2 del Código Civil Aeronáutico, con el objetivo de que los pasajeros no se vean afectados con las cancelaciones de sus vuelos producto de asambleas o diversos paros, por lo que solicitan la “adopción de medidas legítimas de acción directas” para poder garantizar la prestación de servicios mínimos.
Asimismo, el proyecto establece que, en un plazo de 90 días a partir del momento en el que se promulgue la ley, el Poder Ejecutivo llevará adelante “un sistema de guardias mínimas del Servicio Estratégico esencial de aeronáutica civil aerocomercial”.
En el cierre del escrito, ambas diputadas reconocieron que “los pasajeros son rehenes y víctimas involuntarias de una situación de conflictividad gremial que la ley vigente, resuelve de muchas formas y respecto de la cual, la denegación del servicio en forma unilateral e intempestiva, debe ser siempre el último recurso”.