“Hoy me toca una tarea que debería ser fácil, pero sin embargo, en tiempos donde priman las ideologías y los intereses políticos partidarios por sobre el eclecticismo y el bien común, resulta que sea una tarea bastante compleja. Hoy me toca defender el sentido común. En primer lugar, quiero destacar que vengo a hablar en nombre de un sector que no solamente es generador de miles de empleos genuinos a lo largo y ancho de todo el país, sin dependencia total ni subsidios de ningún tipo; sino que es el facilitador de uno de los derechos humanos fundamentales, como lo es el acceso a la vivienda. Esta reforma que estamos discutiendo hoy en lo que se conoce como la Ley de Alquileres, propone una legislación básica que ayuda a sentar las bases para un crecimiento sostenido de la oferta de viviendas en todo el país”, comenzó su discurso, a través de la plataforma ZOOM, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina.
Asimismo, recordó cómo fue la participación del sector inmobiliario en el 2020 cuando se decidió cambiar y, posteriormente sancionar la Ley de Alquileres que tantos problemas les causó a los propietarios, inquilinos y corredores inmobiliarios: “Hace unos años, antes de que se sancione la Ley de Alquileres del 2020, tuvimos la responsabilidad de explicar porqué era una ley perjudicial para el conjunto de los argentinos y lo hicimos exhibiendo estadísticas, explicando la teoría básica del funcionamiento del mercado y hasta con ejemplos prácticos de otros países que fracasaron estrepitosamente con este tipo de leyes. Sin embargo, no se nos escuchó y los resultados quedaron a la vista: disminución de la oferta y alquileres subiendo por encima de la inflación; pasando de representar en 2020 el 23% del ingreso formal de dos personas, al 35% del ingreso formal de dos personas a comienzos del 2023”.
Por su parte, Ginevra expresó que ante la crisis que desató esa ley, “en octubre de 2023”, el desastre “se profundizó en el mismo sentido estableciendo una mayor regulación en el mercado de alquileres y mayor intervención del Estado en los acuerdos entre partes. Se estableció la obligatoriedad de un plazo mínimo de contratos por 3 años; una fórmula de ajuste semestral con un índice de actualización claramente perjudicial para el propietario; se prohibió la publicación de alquileres en dólares y se prohibió el pago anticipado de alquileres, entre otras medidas que prácticamente transformaron a los contratos de locación en contratos de adhesión”.
Y profundizó: “A resumidas cuentas, en lugar de ayudar a los propietarios a proveer más viviendas, se propuso solucionar el problema de la falta del poder adquisitivo de los argentinos, cargándole el costo a los propietarios de inmuebles. Más allá de la falta de respeto hacía la propiedad privada de los individuos, esta medida carece de sentido común y denota un claro desconocimiento sobre cómo funciona la realidad del mercado. Al menos yo elijo creer que se trata de falta de conocimiento y no de una medida de carácter netamente político-electoral, a sabiendas del perjuicio que causaría, ya que para muchos inquilinos es una ley que, en un principio puede sonar beneficiosa y recordemos que la misma se sancionó en octubre del 2023 en el medio de un proceso electoral”.
Más allá de dejar a las claras que la nueva normativa impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández (y claramente el de Cristina Fernández de Kirchner) “destruyó el mercado” generando que prácticamente desapareciera “la oferta” de departamentos de viviendas en alquiler, el mandamás de la CIA expuso que más allá de que los “datos aún son incipientes”, la implementación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte de Javier Milei se puede afirmar que “alquilar sigue siendo difícil, pero sin dudas se ha vuelto menos difícil de lo que era hace menos de dos meses y cualquiera que esté intentando alquilar lo puede verificar” y que el nuevo panorama es “gracias al marco jurídico que propone esta ley, donde cada inquilino y cada propietario puede ponerse de acuerdo libremente de acuerdo a su propia realidad, sus necesidades o sus preferencias personales”.
A pesar de contar que el mercado inmobiliario comienza a ver una luz de esperanza con las nuevas medidas, en el cierre de su presentación, Iván Ginevra pidió algunas reformas más para que todos los individuos puedan acceder al derecho de la vivienda propia: “Sin dudas necesitamos más reformas para que los argentinos tengan acceso a la vivienda; necesitamos un país sin una inflación que se devore el ingreso de las personas; necesitamos poder adquisitivo y sobre todo, necesitamos una moneda para que existan créditos hipotecarios para que las personas puedan comprar sus viviendas ya sea para vivir o para volcarla al mercado de alquileres, beneficiando también a los inquilinos. Esta reforma es el primer paso y estamos convencidos y satisfechos, pero debemos trabajar en una agenda con reformas más profundas si queremos que realmente sea fácil acceder a una vivienda en Argentina: con incentivos hacía la oferta de nuevas viviendas; con excepciones impositivas para la renta de alquileres; con desalojos abreviados, que respeten la propiedad privada y sobre todo, necesitamos un marco jurídico que brinde seguridad jurídica y previsibilidad a los privados, que somos los que verdaderamente generamos riqueza en este país”.