Juicio a la Corte: por quedar bien con Cristina, Alberto se autoflagela

Entre las organizaciones internacionales que mostraron preocupación por el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema por parte del presidente Alberto Fernández, se encuentran la Unión Iberoamericana de Jueces (UIJ), la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), la Unión Internacional de Magistrados (UIM) y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Así las cosas, desde la Unión Iberoamericana de Jueces (organismo constituido por magistrados de 18 países de América del Sur, Centroamérica, el Caribe, México y la Península Ibérica) se emitió un comunicado en el que se expuso su “honda preocupación por el impulso dado por el Poder Ejecutivo Nacional argentino a un proceso de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de su país". A su vez, añadieron que “a la grave situación creada, se suma que el proceso de destitución de los magistrados se habría iniciado a partir del trascendido público del contenido de comunicaciones privadas entre personas obtenido de manera irregular”.

Asimismo, la Federación Latinoamericana de Magistrados (institución ubicada en San José de Costa Rica que reúne a 19 jueces de países Latinoamericanos), aseguró que “este tipo de acciones (las tomadas por Fernández) generan un daño irreparable en las instituciones de la Nación” y argumentó que “la gravedad de lo ocurrido se centra en el daño irreparable que se le origina a todas las instituciones de la Nación, creando una creciente inseguridad jurídica, mellando la confianza que la ciudadanía debe tener en sus gobernantes”.

Por su parte, desde la Unión Internacional de Magistrados mostraron su “preocupación” por el pedido de Alberto Fernández ya que esto “indica un intento de influir en decisiones jurisdiccionales por parte de agentes externos al Poder Judicial, representando una amenaza a la independencia judicial y un gran riesgo para el Estado Democrático de Derecho y, por tanto, para la democracia”.

La última agrupación que emitió su opinión en contra de la decisión tomada por Fernández fue la madridista Asociación Profesional de Magistrados. Desde allí, instaron “a las autoridades de la Nación que pretenden llevar a cabo dicha iniciativa para que retiren la misma y, en su caso, que los representantes de la Asamblea Legislativa rechacen la pretensión, en cuanto pone en riesgo la independencia judicial, que es fundamento de la convivencia en un Estado de Derecho”.