¿Lowfare fiscal o adulteraciones peligrosas?

La AFIP catalogó, tanto a la ex presidenta como a sus hijos, como "víctimas" de "hostigamiento fiscal" durante el gobierno de Macri. Frente a esto, ahora el que salió con el cuchillo entre los dientes fue Jaime Mecikovsky -uno de los funcionarios de mayor poder dentro del organismo en la gestión de Alberto Abad-, quien sostuvo que la denuncia se basó en una "auditoría adulterada" y que, con la misma, se buscó alcanzar los siguientes fines: victimizar a los Kirchner y colaborar para que no paguen sus deudas tributarias.

"Las conclusiones de la auditoría interna y del informe confidencial de la misma que refrendó Mercedes Marcó del Pont, son bien distintas a las que realmente arribaron los funcionarios que llevaron a cabo las tareas de campo. Es por esta razón que no firmaron el informe final. Las conclusiones fueron previamente 'ajustadas' por la subdirectora general de la Auditoría Interna, Gabriela Camiletti", sentenció Mecikovsky.

Asimismo, continuó con su exposición y resaltó: "Como consecuencia de esto, se quitó de los cargos a quienes habían realizado la tarea e incluso se les bajó la remuneración en diciembre de 2020 por no haber firmado las conclusiones 'modificadas'".

Bajo estas condiciones y en caso de comprobarse en la sede judicial, éstas afirmaciones determinarían múltiples consecuencias. ¿Cuáles? En primer lugar, se tiraría por la borda la versión de la familia Kirchner, que se rotulan como "víctimas de una persecución" -o "lowfare fiscal"-. En segundo, quedaría en el foco de la cuestión Marcó del Pont y sus asistentes, quienes también alegaron que los mismos estaban siendo perjudicados por esta supuesta persecución, al retirarse de la querella en el juicio oral contra Ricardo Echegaray, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Continuando por esta línea, vale recordar que en su momento, Marcó del Pont añadió que "la entidad de las irregularidades detectadas" era suficiente como para "acreditar que la actual vicepresidenta" había sido "objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado".

Ante este panorama, Mecikovsky le solicitó a la Justicia que llame a declarar como testigos a cuatro funcionarios de la AFIP que llevaron adelante la auditoría. A su vez, pidió que se rechace el intento del organismo por ser tomado como querellante en la causa por presunto hostigamiento fiscal en contra de los Kirchner.