La Red de Entidades por la Justicia Independiente en Argentina realizó un reclamo a la Corte Suprema

Asimismo, REJIA le pidió al organismo de justicia ser amicus curiae (es decir, intervenir voluntariamente ante el tribunal para colaborar con éste, aportando información objetiva) en la causa y, a su vez, que el máximo ente le encuentre pronto una definición al expediente que está en debate desde el 2015.

Frente a este panorama, quien expuso su parecer fue el ex juez Luis Herrero, en la actualidad, integrante de Jubi-Jueces -una de las ONG's que forma parte de la Red- y sostuvo que "desde 2017, hay una acción declarativa que planteó el colegio de la Ciudad de Buenos Aires por la inconstitucionalidad de la Ley que fue proyecto de Cristina y que redujo el número de consejeros de 19 a 13, incrementando la representación del sector político del 47%, que ya era inconstitucional, al 53%".

Continuado por esa línea, añadió: "La Constitución dice que tiene que ser equilibrada la representación de los tres estamentos: jueces, abogados y políticos. Acá se lleva más de la mitad de la composición. Está claramente explicitada la inconstitucionalidad y queda claro que se desvirtúan los objetivos que hubo en la convención de 1994, para crear este organismo que estuvo gestado con el objetivo de velar por la independencia del Poder Judicial".

En este sentido, Herrera completó su explicación y expresó: "Lo que planteo es una Reforma Constitucional que reemplace el Consejo de la Magistratura por otro sin integración política. Hice un estudio de 80 páginas donde analicé los organismos que hay alrededor del mundo y cómo son; en ninguno hay políticos. El único país donde esto sucede es en Argentina".

Por último, resulta interesante mencionar que REJIA (con Acción Conjunta Republicana como miembro de la misma, que apoya esta moción) generó una junta de firmas a través de la plataforma change.org, para que la Corte se ponga en acción y confirme el fallo del 2015 que ordena volver a la composición original de dicho organismo, antes de aquellos cambios que sufrió en 2006, a partir de lo impuesto por la actual vicepresidenta.