Hasta ahora, solo los trabajadores de la salud empleados por el gobierno estaban obligados a inmunizarse, pero luego de la medida impuesta por el mandatario norteamericano, la obligatoriedad alcanza a todos los trabajadores del poder Ejecutivo (incluida la Casa Blanca) y a los de las agencias federales. Quienes no cumplan con esta medida, se arriesgarán a sanciones disciplinarias.
En una comparecencia en la Casa Blanca, Biden manifestó que vacunarse “no se trata de libertad o de una elección personal” sino de “protegerse a uno mismo y a quienes nos rodean”. Además, advirtió a los 80 millones de estadounidenses que no quieren inocularse, que la paciencia se le “está agotando”.
Según ha explicado Jen Psaki, portavoz de Biden, los empleados federales tendrán 75 días de plazo para vacunarse y si se niegan, entrarán en un proceso de “progresivas acciones disciplinarias”. Cabe destacar que el mandato contempla excepciones para las personas que no quieren recibir el tratamiento por motivos religiosos.
La Administración Demócrata ha diseñado una hoja de ruta de seis pasos para tratar de combatir la propagación de la variante Delta. Uno de los pilares fundamentales, es aumentar las pruebas del virus en las escuelas para intentar mantenerlas abiertas de forma segura. Los otros cinco objetivos son vacunar a quienes aún no lo han hecho, proteger aún más a los ya inmunizados mediante dosis de refuerzo, priorizar la recuperación económica y mejorar la atención de las personas con COVID-19.