Un juez kircherista quiso dejar sin clases a los chicos en CABA

El Gobierno porteño anunció ayer que no acatará un fallo de la Justicia Federal que suspende la reapertura de las aulas porque comprobó que está lleno de irregularidades, mientras espera la resolución final de la Corte Suprema.

La administración de Horacio Rodríguez Larreta no le dará curso a dicha resolución del juez kirchnerista en lo Contencioso Administrativo Federal, Emilio Furnari, quien ordenó al distrito porteño que suspenda la concurrencia y la permanencia de los alumnos en las aulas, pero no lo logró.  "Hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida, las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúan con clases presenciales", afirmó el Gobierno porteño en un comunicado difundido anoche a última hora.

Según la administración porteña, "corresponde seguir acatando el fallo dictado por la Cámara de Apelaciones de la Ciudad (en lo Contencioso Administrativo y Tributario) hasta tanto el conflicto sea resuelto de forma definitiva por la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Emilio Furnari, uno de los tantos responsables que no quieran que los chicos y chicas asistan a clases en CABA, fue designado en el 2007 como juez por la presidencia de Cristina Fernandez de Kirchner, y mantiene una relación muy estrecha con Carlos Zannini. Además era secretario de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y fue impulsado políticamente en el Consejo de la Magistratura por la kirchnerista Diana Conti (ex diputada y senadora nacional).

"El Gobierno de la Ciudad ratifica que las clases continuarán siendo dictadas de forma presencial como hasta el día de hoy (por ayer)", concluyó el comunicado, emitido luego de una reunión entre Rodríguez Larreta y parte de su gabinete de ministros y representantes de la Procuración de la Ciudad, donde analizaron los pasos a seguir tras el fallo de la Justicia porteña.

El anuncio del gobierno local surgió después de conocerse el fallo federal que dejó sin efecto la medida cautelar dictaminada por la sala IV de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo y Tributario porteña en favor de la presencialidad en las escuelas tras un reclamo que hicieron padres y madres de alumnos ante el cierre de los establecimientos.